Es obvio que Catalunya, al igual que Euskadi o Galicia, representa una realidad cultural, nacional y lingüística claramente diferenciada de otros territorios del  Estado español.  En el caso de Catalunya esta diferenciación se proyecta en parte del  País Valenciano y Baleares.

El nacionalismo catalán que se desarrolla sobre bases culturales durante el siglo XIX toma cuerpo político a principios del  XX  y encuentra  terreno abonado en la diferente estructura económica que se da entre una Catalunya próxima a los países capitalistas  y una España semifeudal .  En estas condiciones es lógico que la burguesía  ahondara en la diferenciación histórica y cultural del hecho catalán, y que  trascendiera al conjunto del pueblo hasta llegar a formar una conciencia nacional claramente definida.  Inicialmente el nacionalismo catalán no trazó una frontera con el regionalismo político; antes de la II Republica el partido de la alta burguesía catalana (Lliga Catalana)  llegó a implicarse en gobiernos  de la monarquía, buscando sobre todo favorecer los intereses del grupo social catalán al que se vinculaban. Es durante la II Republica cuando la pequeña burguesía con Esquerra Republicana se convierte en  hegemónica dentro del  conjunto del nacionalismo político catalán, llegando a proclamar una efímera independencia en 1934, y consiguiendo un estatuto de autonomía. En la guerra civil, el máximo dirigente de la Lliga Catalana, Cambó, junto con una parte de la alta burguesía  apoyo económicamente el  bando fascista.

Durante la lucha contra el franquismo, y la transición, el derecho del pueblo catalán al reconocimiento de su nacionalidad tomó fuerza como reivindicación democrática, confluyendo con la necesidad del acercamiento a los mercados europeos de su alta burguesía, que  se proveyó de un nuevo partido para sintetizara sus intereses (CIU). Este ha esgrimido  el nacionalismo como instrumento de presión para arrancar concesiones al Estado, que consolida el control y dominio de esta fracción de clase en Catalunya, y facilita su proyección en España y Europa. En el 2011 las empresas catalanas vendían el  53% en Europa, y el 47% en el resto de España. En un estudio sobre la independencia en agosto de 2012, José Luis Álvarez dice: “Cataluña depende, en su vida económica, de Europa. El 81,4% de las exportaciones catalanas se dirigen a Europa y el 70% de las importaciones proceden de Europa. En 2012 la inversión extranjera en Cataluña provenía en un 84% de los 27 países de la UE. Y las inversiones directas originadas en Cataluña al extranjero se dirigían en un 72% al área de la UE-27”.

Catalunya y crisis económica

En 2013 El PIB de Catalunya supera a todas las comunidades autónomas, con 192.545 M.€ , que representa el 18,8% del total, mientras que la población de 7.553.650 personas representa solo el 16% del Estado. En 2012 las exportaciones, fueron 60.135,0 millones, representando el 31,23% de todas las exportaciones españolas, y las importaciones el 37,61%. La Tasa de paro en 2014 es del 20,2% (inferior a la media española); la renta per cápita en Catalunya en 2013 Fue de 25,490 €, mientras que la media española en el mismo año  fue de 21,706. En contrapartida, en 2013 la deuda pública representaba el 29,9% de su PIB, la mayor de todo el Estado; muy superior a la de por ejemplo Madrid,  que era del 12%.

Aunque parece que la situación en Catalunya, es levemente mejor que en el resto de España, el gobierno de CIU -en perfecta sintonía con el partido popular- se muestra aplicado en hacer que los efectos de la crisis sea soportada por los sectores populares.

Pero con el ingrediente de la conciencia nacional, las consecuencias de la crisis económica descargada sobre los trabajadores y el conjunto de los sectores populares, el malestar y protesta social ha estimulado el sentimiento nacionalista en Catalunya. Lo que ha proporcionado una coartada al gobierno de CIU, para difuminar sus recortes sociales –de los que fue adelantado-, trasladar la culpabilidad al gobierno central y a la vez intentar poner en marcha una especie de “nacionalismo controlado”, con el que -utilizando una vez más los viejos métodos de la escuela burguesa catalana-  ejercer presión sobre Madrid para resolver en beneficio del capitalismo catalán las tensiones provocadas por el avance de la crisis económica, y conseguir una nueva distribución de los impuestos entre gobierno central y Generalitat para aligerar el enorme déficit publico.

A este resurgir nacionalista se ha sumado una parte de las empresas que están sufriendo la crisis, o cuyo ámbito se circunscribe al entorno catalán, y otras que lo sobrepasan y  dependen del mercado español, aunque ven la oportunidad de conseguir una reglamentación económica más próxima a sus intereses si tienen cerca los órganos políticos decisivos; también buena parte de ellas aspira a una bajada de impuestos. Así se entiende que las patronales CECOT, FEPIME y PIMEC, y agrupaciones empresariales como la Confederación de Cooperativas de Cataluña y Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña, sean como mínimo favorables a la celebración del referéndum sobre la independencia, y que declaren como el presidente de PIMEC: “Nosotros llegamos a un punto en qué vimos que la única solución es que los recursos que generamos se queden aquí”.

Pero la burguesía pequeña y mediana de Catalunya, por una parte esta educada en la cultura de la negociación con el Estado, y por otra –y esto es más importante- sabe que los tiempos de las revoluciones democráticas burguesas ya pasaron. Ahora, el poder político burgués ha engendrado una oligarquía, -como no podía ser de otra forma- y la burguesía nacional media o baja sabe perfectamente que no puede constituir un Estado propio a su imagen y semejanza, sobre todo porque el desarrollo de las fuerzas productivas actual requiere un nivel financiero, productivo y técnico que ni controlan, ni acceden. Solo les queda la opción de subsistir a la sombra de las grandes concentraciones capitalistas proporcionada por el dominio oligárquico de grandes empresas. Ya no están en condiciones de ser el esqueleto sobre el que construir un  nuevo estado porque no proponen unas relaciones de producción distintas de las actuales, que en cualquier caso son mucho más logradas  -dentro de la lógica del capitalismo - que las que ellos representan; a menos de que se encuentren con la protección de un imperialismo externo interesado en la operación.  En esa línea se expresa el presidente de CECOT, una asociación que representa a 8.000 empresarios catalanes y que ha firmado el apoyo a la consulta sobre la independencia, diciendo que “el 97% de nuestros miembros piensan que nuestra actual relación con España necesita cambiar, aunque eso no significa necesariamente independencia.”

La alta burguesía catalana

Sin embargo, sobre la gran burguesía catalana pesan más los lazos tejidos dentro de la oligarquía española y con el mercado europeo, que una dudosa apuesta de exaltación nacionalista, que podría ser difícil de controlar, y no acaban de ver claros los riegos de esa apuesta verbalmente independentista del presidente Más.

Como ocurre en todos los lugares el capitalismo se ha desarrollado en Catalunya, favoreciendo la concentración de capital en cada vez menos manos.  También en el resto de España se ha seguido el mismo proceso de consolidación oligárquica, con la diferencia de que en el resto del Estado,  -quizás con la excepción de Euskadi- se ha producido sobre la fusión de intereses entre los antiguos sectores política y económicamente dominantes con los aportes proporcionados por las nuevas fortunas creadas durante el franquismo y la democracia. Ambos, unos y otros han conformado la nueva oligarquía dominante Española.

 La llamada alta burguesía catalana se encastra perfectamente dentro del entramado de la oligarquía española a través de una bien tejida red de grandes empresas que se entrelazan con la de otras partes del Estado y coinciden en el dominio económico y político de toda España participando en el saqueo a los ciudadanos junto con el resto de la oligarquía española, al controlar los sectores estratégicos de la economía  permitiéndoles manipular  el mercado y establecer precios de monopolio, tanto en Catalunya como en el resto de España.

La postura hoy del gran empresariado catalán se enmarca precisamente en no romper con España, donde desarrolla gran parte de sus negocios. No es casualidad que varios miembros del Consejo Empresarial por la Competitividad –donde se encuentran algunos de los más influyentes directivos de España, como el presidente de La Caixa, Isidre Fainé; el presidente de Gas Natural, Salvador Gavarró; o Isak Andic, máximo dirigente de Mango– han mostrado su apoyo a un concierto económico similar al del País Vasco. Sin embargo, ven con temor la idea de la independencia y una posible confrontación con el Estado español.

Cinco de las empresas españolas que cotizan en el IBEX, tienen su sede en Catalunya Grifols, Abertis, Gas Natural, Sabadell y Caixabank. Esta última tiene una bien tejida red de participación por todo el Estado sobre sectores estratégicos. Sin agotar la descripción de los largos tentáculos de Caixabank podemos decir que controla la catalana Gas Natural- Fenosa  junto con Repsol. A su vez el dominio de Repsol se reparte entre la Caixa con el 10,581%, seguida por la constructora Sacyr con el 10,010% de las acciones,  a continuación le sigue la Mexicana Pemex con el 9,492%, y la británica Blackrock Investment Management (UK) Ltd con el 3,070%. Por su parte Repsol es propietario mayorista de Petronor y Solred.

La Caixa también es  accionista mayoritario de Telefónica-Movistar, junto  con el BBVA, la compañía norteamericana Black Rock, el Banco Santander, y una empresa China que participa con 1,3% de las acciones.

Por su parte los Albertos son unos de los accionistas mayoritarios de Iberdrola, junto con el estado árabe de Catar, el madrileño Florentino Perez, el BBVA, y la Familia March. Este cuadro se reproduce en todas  las grandes empresas españolas y catalanas, por ejemplo Sacyr , de la que el principal accionista es el Grupo Disa de Demetrio Carceller, seguido del Banco Nova Galicia, y Unicaja, Juan Abello, el grupo Fuertes del Pozo, y José Manuel Loureda, que a la vez también es consejero de varias otras compañías. Sacyr es propietaria del 9,529% de Repsol, posee una compañía de inmuebles  (Testa inmuebles de Renta).

 La participación del capital catalán en empresas estratégicas que operan en todo el Estado Español, y aún en Latinoamérica, no se reducen a las descritas, pero lo dicho demuestra que el ligamen de los grandes capitales catalanes con los del resto del estado está firmemente asentado.  Incluso cuando una empresa es vendida al capital foráneo, la misma oligarquía se ocupa de acomodar a sus fieles servidores como Miguel Roca Junyent, dirigente de CIU, y abogado de la Infanta Elena que es consejero delegado de Endesa, o Felipe González que lo es de Gas natural.

 Además de ocupar los primero puestos en el ranking de grandes empresas de alimentación y bebidas, el capital catalán también extiende sus tentáculos en muchas empresas emblemáticas y marcas conocidas en todo el Estado. Así podemos encontrar que el Grupo Alimentario Gassona, cuyo mayor accionista es Jaume Alsina ocupa el segundo lugar por facturación dentro del sector; empresas de primera línea como Codorniu de la Familia Raventos; o la Casa Tarradellas son solo algunos ejemplos. La alta Burguesía catalana también  participa en empresas multinacionales como Danone, a través de la familia Carasso Portabella, Botton y Fuster; El entramado creado a través de la empresa catalana sociedad anónima Damm es verdaderamente impresionante. En ellas aparece el oscuro Demetrio Carceller, que  se une con otros capitales españoles en el grupo Disa, y la multinacional española Ebro Foods, a cuyo grupo se le suma Pescanova, y el conglomerado  Oleo, en la que de nuevo aparece Caixabank como accionista, Ebro Foods, y Banca Cívica., junto con una compañía británica.

La construcción, contratas servicios y obras  tampoco se escapa a la  participación del capital catalán, El grupo Acs  entrelaza de nuevo a los Albertos con el BBVA, la familia March, Florentino Perez, y Demetrio Carceller a  través de Sacyr, y por medio de Ferrovial, con la familia Pino-Calvo Sotelo.

A la sombra de un buen establecido tejido industrial cuyo campo de actuación es todo el Estado español, Europa, y Latinoamerica se ha formado un reducido grupo de ricos catalanes que muchos de ellos figuran en la revista Magazin, como mayores fortunas mundiales.  Algunos de los cuales figuran en un anexo a este texto.

Nacionalismo y sectores populares.

En una sociedad capitalista caracterizada por el dominio económico de una oligarquía que ejerce el saqueo al conjunto de la ciudadanía mediante el control de los sectores estratégicos; que además utiliza el aparato del Estado descaradamente para preservar  y proteger los intereses de dicha oligarquía, el avance político de los pueblos pasa por el desplazamiento del poder de la elite dominante y asegurar el control de los ciudadanos sobre la economía y la política mediante la consolidación de un contrapoder popular que ejerza la función fiscalizadora de toda acción de gobierno. Eso significa no solo acometer las transformaciones necesarias en cuanto a la propiedad de los medios de producción, la planificación y control social sobre la economía, sino también llevar a cabo una profunda transformación democrática en los aparatos del Estado y la sociedad. En definitiva, se trata de aplicar un programa democrático revolucionario que lleve la democracia hasta sus últimas consecuencias en todos los ámbitos de la convivencia, incluido el derecho a la separación o independencia de una nación, si así lo desea mayoritariamente.

España y Catalunya tienen la misma oligarquía dominante que utiliza la monarquía consagrada por la Constitución del 78, para asegurar su dominio. Dicha oligarquía, independientemente de que el origen sea castellano, vasco, catalán, andaluz, valenciano, o gallego solo podrá aceptar un cambio en el ordenamiento legal y territorial del Estado si este reordenamiento le permite preservar su control sobre los pueblos del Estado Español. En la actual situación, ya hemos visto que la gran burguesía catalana no está interesada por la opción independentista.

Por el contrario, la resistencia a los efectos de la crisis económica, y a la política de recortes se manifiesta en buena parte del pueblo catalán reforzando la opción independentista frente a un Estado percibido como protector de intereses contrarios a los populares y ciudadanos..

 En cuanto a la mediana y pequeña burguesía ahora no está en condiciones de llevar hasta sus últimas consecuencias la independencia catalana, por mucho de que tradicionalmente se ha entendido que la base social en la que se sostenía el independentismo era la pequeña burguesía expresado políticamente en Esquerra Republicana.

Creemos, que no tienen razón quienes dicen que es posible una Catalunya independiente de la mano de la alta burguesía catalana porque es irrelevante a nivel internacional, pero muy importante a nivel interno ya que consolidaría en el poder a la burguesía tradicional  y  “también la de las clases medias afiliadas a la misma, a las que pertenecen los miles de cargos y políticos de la Generalitat catalanista, y los miles de consultores, proveedores y empresarios que viven directa o indirectamente de la administración autonómica”.

No estamos de acuerdo con ese planteamiento anterior, en primer lugar porque ese escenario de dominio de “la burguesía tradicional” del que habla en caso de independencia,  no es muy distinto del actual; y en segundo lugar porque aunque es cierta la existencia de una parte de la alta burguesía, y aún de fortunas que utilizan como base de operaciones Catalunya para expandirse en España y en Europa, no hay una clara frontera entre estos y lo que podemos definir como oligarquía española, cualquiera que sea su nación o nacionalidad de origen dentro del Estado. Y en cuanto a las clases medias a las que se refiere, no son una clase social capaz de convertirse en políticamente determinantes de un nuevo Estado, y menos cuando se refiere solo a una pequeña parte de la pequeña burguesía dependiente de la Generalitat.  

Solamente los sectores populares pueden hacer realidad la independencia de Catalunya a condición de que al proceso independentista se le imprima carácter antioligarquico, con un programa y unos objetivos definidos. Pero solo podrá ser posible si al unisonó con resto de los pueblos de España se le imprime una derrota política a la oligarquía. Sin embargo, situados ante la posibilidad real de la independencia de Catalunya es dudoso que particularmente los trabajadores se inclinen por la ruptura de lazos políticos con el resto de trabajadores del Estado, ya no solo por motivos ideológicos derivados de la unidad y solidaridad obrera, sino también por motivos prácticos que concentran y unen a gran número de trabajadores dentro de las mismas empresas catalanas y españolas.

El derecho a la autodeterminación, y la independencia de Euskadi, o Catalunya –si sus pueblos así lo quieren- y la lucha contra la oligarquía española, que ahora se encuentra en una fase movilizadora contra el neoliberalismo, los recortes, la corrupción, por la consecución de una democracia participativa, y por el derecho a decidir, forman parte del mismo bloque de reivindicaciones populares. Son frentes de batalla distintos, pero que se alimentan mutuamente; el avance en una parte favorece al otro. Claro está, siempre y cuando la opción independentista no sea utilizada para un nuevo reajuste de esferas de poder de la alta burguesía catalana, abortando desde dentro el proceso independentista.