20.03.2020 02:36
La desvergüenza de Pedro Sánchez es notable. El día 17 de marzo aparece en televisión anunciando un conjunto de medidas económicas, para proteger a los ciudadanos de las crisis del coronavirus. Medidas que han estado dictadas directamente por la patronal, la CEOE, la banca, y los grandes conglomerados e industrias extranjeras en España. No en balde la bolsa ha reaccionado con una rápida subida, y salvo algunas rituales protestas porque se ignora a 1.700.000 "empresas de menos de dos trabajadores" (nombre que el INE da a los trabajadores autónomos), el PP, Ciudadanos, y Vox declaran su apoyo, mientras Podemos guarda un cobarde silencio, y la ministra de trabajo (de Podemos) se desvive defendiendo las medidas económicas del Gobierno. Medidas económicas llamadas "sociales", pero que están a gran distancia de las tomadas en Francia, Alemania, o Italia - cuyo Estado está en peor situación económica que España-. Veamos una por una las principales medidas:
La Segunda medida anunciada, en forma Ferreras, como "el no va más" de protección a los trabajadores, es que el Gobierno se hará cargo de los salarios de los trabajadores de las empresas que quieren continuar con su actividad cuando se reinicie el trabajo después de la crisis; es decir, que los trabajadores pasarán al paro. Y a las empresas se les eximirá de pagar la cuota a la Seguridad Social durante el tiempo que permanezcan cerradas. La propaganda gubernamental da una importancia exagerada al hecho, de los trabajadores tendrán derecho al cobro de desempleo, "aunque no reúnan los requisitos exigidos" (el más importante de ellos es que tengan cotizados un mínimo de un año, para cobrar el paro durante cuatro meses). Pero esto queda supeditado a que a la empresa se le apruebe un ERTE, y quedarán excluidos los trabajadores de aquellas empresas (grandes y pequeñas) que se vean obligadas a cerrar definitivamente. En ese caso, los trabajadores que no cumplan los requisitos se quedarán sin cobrar el subsidio por desempleo. El requisito más importante es que, hay que tener un tiempo mínimo cotizado para cobrar el desempleo durante unos meses. Este es el siguiente:
Mínimo de un año de trabajo = 4 meses de derecho a cobro desempleo.
Mínimo de 18 meses de trabajo = 6 mese de derecho a cobro desempleo.
Mínimo de 2 años de trabajo = 8 meses de derecho a cobro desempleo.
Mínimo de 30 meses de trabajo = 10 meses de derecho a cobro desempleo.
Mínimo de 3 años de trabajo= 12 meses de derecho a cobro desempleo
Y así sucesivamente, hasta el periodo máximo de derecho al cobro por desempleo, -sean cuales sean los años cotizados-, que es de 24 meses. Durante los seis primero meses se cobra el 70% del salario en activo, y a partir de entonces el 50%.
Si el decreto del 17 de marzo no resalta hasta la saciedad, que se cobrará el 100% del salario debe entenderse que se aplicaran esos porcentajes por desempleo.
En la práctica, como ya se ha visto, se están acogiendo a la medida de solicitar ERTE las grandes empresas de automóviles, hoteles etc. Puede darse el caso de que numerosas empresas recurran a esta posibilidad, para ver qué es lo que pasa después, y si las cosas no están claras, cierren definitivamente; es decir, hagan un ERE. O sea, el costo de la crisis no recaerá sobre los beneficios de las grandes empresas, sino del conjunto de la sociedad.
El asunto tan traído y llevado, de con esta nueva ley de Pedro Sánchez, el tiempo durante el cual los trabajadores estén en desempleo por la crisis del coronavirus, no se descontará del que tienen derecho para el cobro de otros periodos futuros en el paro, y que no será necesario tampoco reunir todos los requisitos (se debe referir al mínimo de un año cotizado), hay que matizarlo. Pues resulta que, esto solo es de aplicación a las empresas que se acojan a los ERTE, es decir que no cierren, y que solamente paralicen su actividad durante la crisis del coronavirus, pero no se aplicará los trabajadores de las empresas que se vean obligadas a cerrar. Lo cual quiere decir que, gran parte de pequeñas empresas y autónomos, que no podrán soportar los gastos de alquiler, mantenimiento y otros, se verán obligados al cierre definitivo. En este tipo de empresas pequeñas es donde se concentran la mayor parte de los trabajadores eventuales, que tienen dificultades para reunir los 12 meses cotizados necesarios para cobrar los 4 meses de desempleo, mientras que el mayor porcentaje de trabajadores fijos, con varios años cotizados, se encuentran en las grandes empresas que se acogerán a los ERTE. En consecuencia el ruido y la propaganda que han montado sobre protección a trabajadores, es mayor que sus efectos.
A los trabajadores autónomos, el Gobierno les gasta una broma. Por una parte dice que el cese su actividad, tendrá derecho a una prestación por desempleo. Cosa que ya está incluida en la cuota que pagan desde el 1 enero de 2019, y añaden que se les exime de pagar a la SS. ¿Habría que preguntarle a Pedro Sánchez si es necesario continuar pagando a la SS si un autónomo cierra?. Y por otra parte, mantiene la obligación de cotizar si no cierra, aunque expresamente se les prohíba tener actividad, como a los bares y la mayor parte del comercio que no sea de primera necesidad. Es decir, aquellos autónomos, (1.700.000 empresas de menos de dos trabajadores, como los llama el INE) que no tienen empleados, y que no pueden acogerse a los ERTE, tienen que seguir pagando la cuota de la Seguridad Social aunque no reciban ningún ingreso y tengan que asumir los gastos del mantenimiento del local y las instalaciones. En este panorama, a la mayoría les interesaría cerrar. Además hay que tener en cuenta, que al no acogerse a los ERTE, los negocios abiertos desde hace menos de un año, no tendrán derecho a cobrar esos cuatro meses de mínimo estipulado por desempleo. Evidentemente ATA.(Asociación de Trabajadores Autónomos), que frecuentemente se alinea con la derecha, esta vez, tiene toda la razón en su cabreo con el Gobierno. El resto de autónomos, y en especial la minoría que emplean trabajadores, dependerá de su situación particular, de las expectativas de continuidad del negocio, de cómo le afecte la prevista reducción de actividad futura, de su liquidez, y otras variables. En definitiva, si les interesa continuar, (asumiendo los gastos de alquiler, electricidad, impuestos y otros), y solicitar un ERTE, o cerrar definitivamente.
La ignorancia, no solo de Pedro Sánchez, sino del conjunto de su Gobierno llama la atención. Parece que no se han enterado que el 25% de la población activa está sumergida, en la economía sumergida, en mercados negros, o grises. ¿Qué ocurre con los miles y miles de trabajadores del calzado, aparadoras, del textil y otras actividades esporádicas, eventuales, a salto de mata mal pagadas y al margen de la SS y que han sido el motivo principal por el que productos españoles hayan podido competir con productos del Tercer Mundo de bajos salarios?. ¿Qué ocurre con los cientos de trabajadores, de hostelería, del campo, y gran cantidad de pequeñas empresas que hacían contratos por una o dos horas al día y trabajaban la jornada completa, y ahora después de varios años, de empresa en empresa en las mismas condiciones, se encuentran con que oficialmente no reúnen las horas del año necesario para cobrar siquiera los cuatro meses de desempleo?. ¿Qué pasa con los miles de personas que venden en los mercados ambulantes, o que -con conocimiento y vista gorda de las autoridades porque así el Gobierno se quita un problema- se buscan la vida rozando la ilegalidad porque no tienen posibilidades de conseguir ingresos de otra forma? ¿Qué pasa con los inmigrantes que acudieron a España al boom de la construcción y que tras hundirse esta, y agotar el desempleo han tenido que recurrir a trabajos informales para subsistir?, ¿Qué pasa con los cientos de miles de jóvenes que no llegan al salario mínimo interprofesional de 950, debido a todo ese mercado irregular que alcanza a varios millones de seres?. ¿Qué pasa con esos cuatro millones de personas -que se sepa-, cuyos ingresos no sobrepasan el umbral de la pobreza y que por lo general no trabajan en empresas que no pueden solicitar un ERTE y no llegan al año cotizado?
Como si se estuviera riendo de todos, el Gobierno les da como solución el decreto del 17 de marzo que declara un moratoria en el pago de suministros básicos para colectivos más vulnerables (agua, luz, electricidad). Es decir, los remiten al estudio de un expediente, que no se sabe quien lo tramita. Hay que recordarle que en la actualidad "esos colectivos más vulnerables" pueden recibir ayudas municipales o se les exime del pago de algunos de esos servicios. Si eso es así, a partir de ahora no se les eximirá del pago, sino que simplemente adquirirán una deuda diferida con el nombre de moratoria
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La moratoria hipotecaria.
El decreto aprobado habla de una moratoria del pago de hipotecas sobre la vivienda habitual para trabajadores y autónomos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y para los afectados de la Covid-19. Esto es motivo de risa. El decreto habla de moratoria, no de ayuda, es decir de retraso en el pago de las cuotas por pago de hipotecas. Retraso en el pago, al que los bancos le aplicaran el correspondiente interés por los días meses o años, que se retrase el pago. De forma tal, que una persona puede acabar debiendo más dinero del que se le ha aplazado. Recordemos, que durante la pasada crisis, los bancos viendo las dificultades que la gente tenía para pagar las hipotecas, andaban como locos, intentando renegociar las deudas y adaptar los plazos a su capacidad de pago (con los intereses correspondientes; lo cual era un nuevo negocio). ¿Entonces de que nos está hablando Pedro Sánchez? De una cosa que les interesa a los mismos bancos. La caradura no tiene límites cuando dice "que el Gobierno obligara a los bancos". Cuando dice que, esto se aplicará a las personas que hayan sido golpeadas por la crisis del coronavirus debe creer que somos tontos. Los bancos aplicaran esa medida a todo aquel que pueda justificar ingresos, y vean factible el cobro diferido, o bien no les interese embargar por el gasto que supone en relación a la deuda. La moratoria no resuelve nada, ni suprime la deuda para quien no puede pagarla, aunque sea su única vivienda. En todo caso, en determinados casos, y después de buen número de patadas para conseguir documentación y demostrar que una persona ha sido golpeado por la crisis, podría conseguir que se le aplace su deuda unos meses para ver si resuelve su situación, sobre todo para trabajadores, cuyas empresas se hayan acogido a los ERTE. Cosa que sin necesidad de que Pedro Sánchez les obligue, los bancos hacen ya, porque les interesa.
Por el contrario, este Gobierno, no quiere dañar los intereses de los arrendatarios de viviendas (gran cantidad de ellas propiedad de fondos buitres), y mantiene la obligación de pago puntual del alquiler. Para los inquilinos, que sean golpeados por la crisis se conserva la obligación de pagar, aunque no puedan. Con lo cual pueden ser desahuciados perfectamente.
Una nueva oportunidad de negocio para la banca.
Todas estas medidas se enmarcan dentro de la más pura ortodoxia de capitalismo neoliberal y depredador. Pedro Sánchez dice que el Gobierno movilizará 200.000 miles de millones de euros (un 20% de todo lo que se produce España en un años), para salvaguardar la actividad económico, proteger a las empresas y trabajadores. De esa cantidad 117.000 la pondrá el Gobierno, y 83.000 espera que las aporte el capital privado. Hemos oído bien: espera. Nadie sabía bien de que estaba hablando, hasta que revela que los 100.000 miles de millones de euros que pondrá el Gobierno no son en ayudas directas sino en avales a empresas, para que reciban dinero de la banca privada. De lo cual se deduce que espera que los otros 83.000 sean préstamos de la banca privada, sin el aval del Estado. Cosa que es una solemne tontería, pues el negocio bancario consiste en dar préstamos a quien reúne la suficiente solvencia, o posibilidades de devolverlo.
Aunque se ha dejado claro que la aportación fundamental del Estado serán avales, si hubiera créditos en condiciones de amortización e intereses favorables, -puesto que la cuadratura de las cifras proporcionadas revelan mucha improvisación, zonas oscuras, y lagunas-, estos se canalizarían a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial), pero serían gestionados por bancos privados; como siempre ocurre en estos casos. Por lo que los préstamos serán asignados a los clientes preferenciales de la banca, mientras a las pequeñas empresas solo llegan las migajas. Pero es que Pedro Sánchez, ni siquiera está hablando de dinero aportado por el Estado, está diciendo, simplemente, que avala los créditos, para que en el caso de que las empresas privadas no devuelvan el dinero, no sea una pérdida para la banca, sino que, lo paguemos todos los españoles. En principio estos créditos a las empresas están destinados a que las empresas puedan hacer frente a sus obligaciones, para evitar que se llegue a una cadena de impagos motivados por la inactividad que impone la crisis del coronavirus. Pedro Sánchez, no inventa nada nuevo, ya protegimos a la banca cuando Mariano Rajoy destinó 60.000 millones del Estado para ayudarla.
Por lo general este dinero procede del Banco Central Europeo, que cobra el cero por ciento de interés. En resumen, un nuevo negocio para la banca, que no concederá los préstamos al cero por ciento de interés, sino más alto. Incluso de una crisis como esta, en los que hay muertos encima de la mesa, la banca ve oportunidades de negocio. Después de esto, queda claro con la enigmática frase de que ESPERA que los 83.000 millones de euros restantes los aporte el sector privado, que se refiere a que los bancos privados hagan negocio concediendo préstamos a interés, no a aquellas empresas más necesitadas, sino justamente a las que reúnan garantías y solvencia para poder devolverlas, ya que aquí la banca juega con su dinero, o con el dinero que gestiona.
El resto de medidas llaman poco la atención, son propagandísticas, o de pura lógica. Por ejemplo: liberalización a los ayuntamientos para que reviertan sus superávit en beneficio de las poblaciones; la pomposamente llamada "Prórroga automática de las prestaciones por desempleo", que no es otra cosa que eximir a los desempleados de presentarse en las oficinas del INEM para fichar, si no se puede salir a la calle. Parece que ignora que muchos ya fichan por internet; promesas de ayuda a sectores desfavorecidos, dependientes y demás pequeñas subvenciones y ayudas, muchas de ellas irreales, retrasadas, aplazadas o incumplidas, por múltiples motivos a las que ya estamos acostumbrado
