LAS SOLUCIONES DE LA OLIGARQUÍA PARA LA CRISIS

 3.1 Sumergido en esta crisis, el Gobierno PSOE, en su calidad de gestor de los intereses de la oligarquía española, después de un periodo en el que combinó la protección a la banca con la aplicación -muy mal por cierto- de ciertas medidas conectadas con el keynesianismo para reactivar el consumo (Pan E, ayuda a parados), terminó por inclinarse definitivamente por algo que al llamarla “política económica ortodoxa” dio a entender que pretendía garantizar beneficios a las grandes empresas como condición única e imprescindible para la persistencia del capitalismo. 

El gobierno de Zapatero embarcado en su nueva tarea abiertamente neoliberal, suspendió todo lo que le permitió disfrazarse de “protector de los descamisados” en su primera etapa. Y al igual que el resto de países capitalistas, el ataque lo dirigió directamente hacia la reducción de los salarios directos e indirectos  y contra lo que todavía queda de “sociedad de bienestar”. Bajo la coartada de que era una condición  que nos imponían los “inversores” para que el Estado español tuviera acceso al crédito de capitales extranjeros, se subió el IVA, y se emprendió el camino de los recortes sociales, que provocó una huelga general. La dureza de la crisis y el conjunto de medidas impopulares adoptadas por el gobierno socialista facilitó que al finales del 2011 el Partido Popular ganara las elecciones.

Una vez en el gobierno, el Partido Popular ha conseguido hacer buenas las medidas de Zapatero. El ataque a todo lo que representa protecciones sociales y políticas sociales se han recrudecido con inusitada ferocidad. Semana tras semana se toman medidas y aprueban leyes para la destrucción de lo que queda de "Estado del Bienestar", para forzar la bajada de los salarios directos e indirectos y proteger los intereses de los grandes capitales, incluidos los delictivos, y de la banca. Con redobladas energías la oligarquía financiera española y la gran patronal, de la mano del PP, atacan los salarios, imponen una reforma laboral redactada en los despachos patronales,  bloquean las vacantes en la enseñanza, reducen los presupuestos destinados a educación y sanidad; desde diferentes ángulos de tiro dispara contra la llamada "sociedad del bienestar”; con formulas renovadas, continua y lentamente se bajan las pensiones y se eliminan poco a poco las prestaciones por desempleo; con la autorización del gobierno las empresas monopolistas recrudecen el saqueo a los ciudadanos mediante subidas en electricidad, butano o gas natural, servicios esenciales, transportes y productos de consumo.

El gobierno de Mariano Rajoy sin ninguna clase de tapujos ha declarado públicamente que los intereses de un puñado de banqueros corruptos son "intereses nacionales", que hay que proteger. Sus ministros económicos se han empeñado en hacer que el conjunto de la sociedad pague la deuda que los bancos españoles mantienen con la banca europea y mundial. Con estupor e indignación los trabajadores, y los ciudadanos en general  observan como el Estado avala préstamos a los bancos para que estos consigan dinero al cero por ciento de interés, y después se lo prestan al Estado a unos intereses que oscilan entre el 4% y el 7%.

Mientras tanto, crece el número de familias que no cuentan con ningún tipo de ingresos, la miseria se va extendiendo, el desempleo sigue aumentando y se generalizan los desahucios judiciales de familias trabajadoras por impago de hipotecas, los pueblos de España asisten con sorpresa a continuas noticias que revelan escandalosas estafas bancarias y descarados sueldos que los gestores de la banca se han asignado durante años. Y mientras todo eso ocurre, el gobierno del PP, tiene la desfachatez de declarar que estamos saliendo de la crisis amparándose en que algunos sectores exportadores venden más y llegan más turistas a costa de salarios de miseria, y empleos por horas. Exhiben una tímida subida del PIB como si eso no se hubiera hecho a costa de ahondar en la miseria del pueblo.   

La oligarquía española, imposibilitada para dirigir la salida a la crisis mediante el crecimiento del consumo interno, ha decidido recomponer el beneficio empresarial estable por la vía de la reducción de los salarios directos y e indirectos, con la esperanza puesta en que la reducción de los costes salariales tendrá efectos positivos para la exportación y generara capital a los bancos para la inversión fuera de España.

La oligarquía ha conseguido que el Partido Popular y el PSOE se comprometan en ese objetivo, aceptando, con algunos matices, que el problema del desempleo está vinculado a una ganancia empresarial creciente basada en bajos salarios y en los recortes sociales que ambos reconocen como necesarios.

Pero es que además, en los momentos actuales, con un paro que ronda el 25% y con casi seis millones de parados, el simple funcionamiento del mercado de trabajo empuja a los salarios hacia abajo por sí solo. Y es por ello que, coherentemente, la ofensiva del gobierno se dirige contra aquella parte del salario que se escapa a la ley de la oferta y demanda, que tiene elementos socializadores, y que están representados por el salario indirecto en forma de protección social. Su reducción debe aligerar la presión de las contribuciones empresariales al Estado y asegurar el mantenimiento de una tasa de beneficio aceptable.

                                       En todos los países capitalistas hay una abierta ofensiva contra el "Estado del bienestar" y contra todo aquello que representa ingreso social y colectivo. Pero lo que lo hace diferente a la oligarquía española es el margen de actuación que puede permitirse. La premura en la aplicación de los recortes está impuesta por una economía fuertemente endeudada, por una balanza de pagos endémicamente deficitaria, por una de las mayores deudas externas mundiales, por una baja industrialización que, además, tiene el menor nivel de productividad de la UE, y por un capital financiero atrapado en su propia trampa inmobiliaria.

El capital mundial desesperado en esta crisis, se retuerce buscando formulas mágicas que le permitan salir de la crisis. Así va desde la aplicación del más duro neoliberalismo al lenguaje keynesiano, que se activa ideológicamente tras el triunfo socialista en Francia con un nuevo  cántico a la inversión y al incremento de la capacidad social de compra.  Vía esta que dentro del capitalismo solo es parcialmente posible para aquellos países que teniendo una posición dominante y alto grado de industrialización pueden descargar sus productos en las economías débiles, y por tanto paliar los efectos de la crisis a costa de la ruina de sus queridos "socios".    

La intensidad de la crisis es de tal gravedad que ninguna estas medidas y la ampliación de los recortes sociales, presentes y futuros pueden garantizar la estabilidad del beneficio empresarial, llamado por el capital “salir de la crisis”, porque la causa de ella se encuentra en que la sociedad no es capaz de consumir lo que es capaz de producir. Hemos llegado a un grado de desarrollo que dentro del capitalismo solamente se puede estabilizar el retroceso permanente de las condiciones de vida y trabajo y, en todo caso, combinarlo con el resurgir de algunas economías industrializadas a costa de la ruina y expolio de la mayoría.

En síntesis, entendemos que ninguna de las dos propuestas que la oligarquía baraja como salidas a la crisis, la keynesiana y la neoliberal, solo aparentemente antagónicas, están en condiciones de ofrecer una solución  duradera a la crisis, precisamente porque ninguna puede resolver el problema del excedente de producción. Si aumentar la capacidad de compra de la sociedad (la alternativa keynesiana) parece que puede salvar el consumo, disminuye la ganancia y por tanto las inversiones (la única solución sería aumentar tanto la capacidad de compra que se pudiera absorber todo el excedente de producción, lo que es imposible dentro de las actuales reglas del juego). Pero aumentar los beneficios a costa de los salarios (como demanda el neoliberalismo), implica destruir la capacidad de compra.

Hay que recordar,  que en los inicios de la crisis la solución que desde los centros económicos e ideológicos del capitalismo se apuntaba también como “imprescindible” era la intervención de los estados, ya fuera en ayudas a la banca, a la automoción o a los mangantes inmobiliarios en forma de inversiones en obras públicas. Pero esta tentación keynesíana, que también intentó aplicar Zapatero en la primera parte de su gobierno, no resultó efectiva. 

Se puede decir con propiedad, que las medidas que está aplicando el gobierno de Mariano Rajoy, son extremadamente coherentes con la defensa del capitalismo. El Partido Popular es un consecuente ejecutor de las medidas que el gran capital necesita para una estructura económica incapaz proporcionar base para la inversión a los capitales autóctonos.  Sus fracasos en Europa, son los fracasos del capital español frente a sus competidores más fuertes y, por ello, no le queda otra solución que ser especialmente implacables con los pueblos de España.

El Partido Socialista puede enarbolar la bandera francesa y los sindicados pueden seguir soñando con negociaciones, pero los primeros ya saben por propia experiencia que Keynes ya murió, y los otros deben saber que ni España tiene una economía fuerte que permite descargar su crisis sobre otros países, ni es posible que dentro del capitalismo se mejoren ya las condiciones de vida y trabajo, ni se puede defender con éxito las conquistas sociales y a la vez querer mantener aquel que necesita liquidarlas de ellas para sobrevivir. Es como poner a la zorra a guardar gallinas.